Casación N.º 001942-2018

Sumilla

I. La Constitución garantiza el derecho a la inviolabilidad de domicilio, por lo que nadie puede ingresar en él ni efectuar su registro sin la autorización, libre y expresa, de la persona que lo habita o sin el mandato judicial correspondiente, salvo flagrante delito o inminente peligro de su perpetración.II. La suspensión de la ejecución de la pena busca evitar los efectos criminógenos de la cárcel, sobre todo de los agentes primarios, siempre que se cumplan los requisitos previstos en el artículo 57 del Código Penal. El periodo de prueba, por mandato de la mencionada norma, es de uno a tres años.III. En el presente caso la diligencia de allanamiento se realizó con autorización judicial y cumpliendo las exigencias que prevé el artículo 2, inciso 9, de la Constitución y el artículo 214 del Código Procesal Penal. De otro lado, el periodo de prueba dispuesto no se ajusta a lo dispuesto en el artículo 57 del Código Penal, por lo que corresponde revocar dicho extremo de la sentencia de

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