Casación N.º 000111-2020

Sumilla

a)El Tribunal Superior interpretó erróneamente el artículo 384 del Código Penal, debido a que no solo se incurre en el presunto delito de colusión, cuando los contratos celebrados por el estado se dan en el marco de contrataciones y adquisiciones del Estado; sino en cualquier tipo de contratos, independientemente si son contratos privados o públicos. b)El hecho de que el patrimonio inmobiliario de las sociedades se rija por las normas del Código Civil, ello no les exime de responsabilidad penal; no los aparta de sus deberes y obligaciones de cautelar los bienes e intereses del Estado. Así también no convierte al funcionario público en un particular, no lo despoja de sus funciones y deberes.

Documento oficial

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