Recurso de Nulidad N.º 000515-2020

Sumilla

1. Cuando se inició el procedimiento de instrucción, la causa estaba sujeta a un trámite especial –se consideró al delito de violación sexual de menor de edad como un “delito agravado”, según el Decreto Legislativo 896, de veintitrés de mayo de mil novecientos noventa y ocho–, pero es de puntualizar: (i) Que la causa siempre se siguió en la jurisdicción penal ordinaria –no se trató de un delito de terrorismo agravado o terrorismo especial que inicialmente fue radicado en la justicia castrense (Decreto Legislativo 895, de veintidós de mayo de mil novecientos noventa y ocho –al igual que los Decretos Legislativos 896 y 897–, dictado con motivo de la Ley autoritativa 26950, de dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y ocho, y que luego fue derogado por la Ley 27569, de uno de diciembre de dos mil uno)–. (iii) Que el imputado estuvo alejado del proceso y se puso a derecho en dos mil dieciocho, cuando esas normas restrictivas no estaban en vigor –la Ley 27472, de cuatro de junio de dos mil uno, restableció la vigencia del trámite fijado por el Código de Procedimientos Penales–.(iii) En sentido estricto, al imputado no se le negó derecho procesal alguno, pues no estuvo presente en sede preliminar y sumarial, y se debatió la acusación en el plenario, al que incluso concurrió la agraviada. La Sentencia del Tribunal Constitucional 005-2001/AI/TC, de quince de noviembre de dos mil uno, no afectó este proceso, dadas las reformas legales ya fijadas y porque no se aplicaron las reglas de limitación ilegítimas en sede preliminar respecto del imputado. No se generó, en consecuencia, indefensión material alguna, luego, en virtud del principio de trascendencia, no cabe anular el proceso y el juicio.

Documento oficial

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