Casación N.º 001048-2019

Sumilla

1. La pretensión impugnatoria está constituida por la causa de pedir y el petitorio impugnativo. La primera es (i) el hecho con relevancia jurídica aducido, es decir, el concreto motivo impugnatorio en orden a determinado vicio que se estime contiene la resolución atacada –la causa de pedir de la pretensión acusatoria es la conducta realizada por el imputado a la que se asocia un injusto penal–, y (ii) al que une la petición respectiva, que es la consecuencia jurídica que la ley prevé en esos casos: revocatoria o anulatoria –el petitum de la pretensión acusatoria es la sanción penal y, en su caso, reparación civil que se solicita–. 2. El delito de administración fraudulenta es un delito especial propio: el círculo de autores está circunscripto a los que ejercen funciones de administración o representación de una persona jurídica –se limita, por tanto, a ciertos miembros de la persona jurídica–. Éste es un delito de administración en sentido estricto. A su vez, y desde esta limitación del sujeto activo, al término “persona jurídica” solamente puede entenderse constreñida a las personas jurídicas de Derecho privado, con independencia de quién sea el titular del patrimonio, que incluso puede ser el Estado. 3. El concepto penal de persona jurídica, a estos efectos, en tanto no se está ante una ley penal en blanco y sí ante un elemento normativo nuclear, comprende todas aquellas entidades de naturaleza societaria que participan en el tráfico jurídico-económico. La forma societaria no es relevante, puede ser comercial o civil, con fines de lucro o no; lo determinante es que participe de modo permanente en el mercado para el cumplimiento de sus fines. Forma una unidad económica y constituida con el fin de incorporarse al tráfico económico.

Documento oficial

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