Recurso de Nulidad N.º 000291-2023

Sumilla

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL El recurrente, debido a su especial posición (ejercía la jefatura de la Gerencia de Obras Públicas y Desarrollo Urbano Rural, GOPDUR, de la Municipalidad Distrital de Acoria-Huancavelica) estaba en la obligación de llevar laadministración y control del servicio que fue contratado,responsabilidad que incluso estaba estipulado en los diversoscontratos de locación que el mismo suscribió, por lo que no pudoobviar su función y limitarse en referir que para dar su conformidad, se basó en que el encausado Meza, había realizado la evaluación respectiva y dio su conformidad, pues dicha obligación lecorrespondía al área del cual ejercía la jefatura. Lo cierto es que el recurrente incumplió con su deber funcional de revisión y control del servicio contratado, y elevó los informes a la oficina de la Gerencia Municipal, a cargo del gerente municipal Lázaro Aquino, con la sugerencia de que se efectúe el pago por dichos expedientes, que además nunca fueron elaborados por el ingeniero Navarro Daviran, conforme ya quedó acreditado en la sentencia de esta Suprema Corte, y con ello les otorgó la apariencia de legalidad, con lo cual facilitó la apropiación de los caudales del. Estado. En consecuencia, no resulta posible compatibilizar susactuaciones con el principio de confianza en relación con los caudalesde la municipalidad agraviada, pues en su caso era imperativo eldeber de supervisión y cautela de lo relacionado con los ocho

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